La Diputación de Sevilla, CCOO, UGT y Confederación Empresarial de Sevilla (CES) se han unido para avanzar en la estabilidad económica de la provincia con la firma de los Convenios Específicos de Concertación Social para el ejercicio 2026. Estos convenios desarrollan el Acuerdo Marco de Concertación Social de la Provincia 2023-2026, blindando el compromiso compartido de la Diputación, y de empresarios y sindicatos con el crecimiento del tejido productivo, la modernización de las empresas y la cohesión tanto social como territorial de los municipios sevillanos.
Durante el acto de firma de estos convenios, el presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández, ha compartido con los representantes de los sindicatos UGT y CCOO, y de la CES, la importancia de este acuerdo para “situar a Sevilla como un buen lugar para que trabajadores como empresarios encuentren en Sevilla las condiciones para poder emprender y las capacidades que tiene este territorio: “cuando estamos todos juntos llegamos más lejos. Cuando somos capaces de unirnos los sindicatos, los empresarios, las instituciones convertimos Sevilla en un gran lugar para invertir y emprender”. Un acuerdo, aun más relevante que el de otros años teniendo en cuenta otros pactos de gobierno que cuestionan el diálogo y la concertación, que va a permitir “hablar de siniestralidad laboral, profundizar en los temas de inmigración, innovación, de formación, de cualificación, de nuevos sectores productivos”, ha explicado el presidente. Así, la firma de estos compromisos continúan generando “espacios de confianza” entre la Diputación de Sevilla y los agentes sociales.
El empleo estable como motor de la cohesión social y territorial
El acuerdo contempla también la elaboración de un informe sobre las necesidades de las asociaciones empresariales territoriales de la provincia de Sevilla, con el objetivo de reforzar su papel como interlocutores del tejido empresarial. Por último, la CES pondrá en marcha un proyecto de píldoras informativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales, orientado a reforzar la cultura preventiva en las empresas.
Por su parte, el secretario general de UGT de Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha destacado el compromiso renovado para “impulsar proyectos que mejoren la igualdad, promuevan la prevención de riesgos laborales, favorezcan la inclusión social” de este acuerdo, así como “la apuesta por la concertación social y el respaldo económico” de la Diputación, que hace posible estos compromisos. Desde el sindicato, pondrán en marcha iniciativas como el programa “Semillas de Igualdad” para promover la igualdad de género, el programa “Vuelve a casa con vida”, sobre prevención de riesgos laborales, así como otros programas centrados en inmigración, formación técnica en eficiencia energética, acceso a la vivienda o salud laboral mental, y una campaña de comunicación multicanal.
También el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha destacado que "este acuerdo cobra especial importancia porque supone una apuesta decidida de la institución provincial por el diálogo social, en un momento en el que es fundamental el entendimiento entre organizaciones sindicales, empresariales y administraciones públicas para mejorar la vida de los sevillanos y sevillanas. Y es que es imprescindible que las organizaciones que estamos día a día en la gestión de la vida cotidiana de las personas entendamos que ese diálogo social es un valor de desarrollo y progreso". CCOO, a través de este acuerdo de concertación, está desarrollando un servicio de información y asesoramiento a personas extranjeras para brindar atención técnica y jurídica sobre sus derechos laborales y sociales, "porque muchas de ellas sostienen muchos de los sectores productivos de la provincia de Sevilla".
Las medidas que se desplegarán de forma inmediata en el territorio se alinean con los grandes ejes estratégicos fijados por el Acuerdo Marco: el desarrollo de la formación orientada al empleo, el fortalecimiento y la innovación del tejido productivo y empresarial, el avance en la cohesión territorial para evitar municipios de primera y de segunda, y la racionalización de los servicios públicos provinciales.
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