La inversión se destinará a la mejora de redes de agua y saneamiento, la modernización del alumbrado, la gestión eficiente de residuos y la rehabilitación de viviendas, entre otros
El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha reunido hoy con el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, con motivo de la aprobación del Real Decreto-Ley que permitirá a las entidades locales utilizar 176,21 millones de euros correspondientes al superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles de la provincia de Sevilla.
La medida impulsada desde el Gobierno de España supone “una oportunidad de inversión en los municipios”, según ha afirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, durante la reunión mantenida con Fernández, quien ha agradecido al Gobierno de España “la sensibilidad demostrada con las necesidades de los municipios sevillanos” y ha reconocido “el paso valiente y responsable que supone desbloquear estos recursos”.
El Real Decreto-Ley permite desbloquear a las entidades locales el superávit para invertirlo en proyectos que refuercen servicios esenciales y promuevan la sostenibilidad. El objetivo es que los ayuntamientos dispongan de recursos para actuaciones que generen ahorro futuro, reduzcan costes y contribuyan a la lucha contra el cambio climático, todo ello sin que compute en la regla de gasto.
Estas inversiones podrán aplicarse en ámbitos que afectan directamente al bienestar ciudadano y al desarrollo económico, como la mejora de redes de agua y saneamiento, la modernización del alumbrado público, la gestión eficiente de residuos, la rehabilitación de viviendas, el refuerzo de infraestructuras educativas y sociales, el transporte sostenible y la digitalización de servicios. También se contemplan actuaciones que impulsen la eficiencia energética y la implantación de energías renovables, como la instalación de placas solares, así como proyectos que favorezcan la sociedad de la información y la innovación tecnológica.
El subdelegado ha destacado que se trata de proyectos que no solo modernizan los servicios públicos, sino que también dinamizan la economía local y crean empleo. “Cada euro invertido en sostenibilidad revierte en bienestar y progreso para nuestros vecinos”, ha señalado Toscano.
El Real Decreto-ley establece además que, si un proyecto no concluye antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante podrá ejecutarse en el ejercicio siguiente, siempre que se financie con el remanente y dentro del límite del superávit. Eso sí, las actuaciones deberán iniciarse antes de finalizar 2026, garantizando que los beneficios lleguen cuanto antes.
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